A partir del acuartelamiento de
la policía de Córdoba, la "crisis policial" replicó con desigual
intensidad pero con tendencias a generalizarse en otras provincias, como
Catamarca, San Juan, La Rioja, Río Negro, Neuquén. Fue precedida a su vez por
el escándalo de la otra gran “narcopolicía” (junto con Córdoba), la de Santa
Fe, que ahora también se suma a la "protesta".
Esta "crisis" es un fracaso tanto de la política K de "seguridad democrática" como de las políticas de "mano dura" al estilo De La Sota.
Nos interesa analizar los
elementos de crisis de la autoridad estatal que surgen de estos hechos, en
primer lugar, y después algunos problemas de estrategia obrera que se
desprenden de ellos.
Las policías son parte de la
crisis de las administraciones provinciales, las cuales vienen aplicando hace
rato "sintonía fina" contra los sueldos de estatales y docentes. Y
aunque los gobernadores generalmente tienen bien pagada a la policía (además de
que son los primeros en el cronograma de pagos), deben hacerlo dentro de los
límites de presupuestos acotados, por los que los sueldos que cobran los
policías por cumplir su función represiva son más o menos igual de bajos que
los de estatales y docentes. Esto tiene una base estructural en las llamadas
“contra-reformas” del Estado en los 90s. sintéticamente, centralizaron la
recaudación y federalizaron los “servicios”, como la educación, la salud y el
“servicio de orden”. Según algunos informes el 74% de la recaudación general se
la lleva el Estado nacional y las provincias deben hacer frente con el resto.
El “bonapartismo fiscal” de CFK, con caja abultada durante todos estos años, y
que lograba la disciplina de los gobernadores, tenía también esta base: ¡gracias
Menem, fuerza Cristina!
En esto estaba la base de la
creciente ligazón de la policía con el "gran delito", en especial con
el crecimiento del narcotráfico,
complejizando la cuestión. La “mano de obra” para estos negocios la
obtienen de la pobreza estructural legada por neoliberalismo y sostenida en
estos años. A medida que aumenta la descomposición de estas fuerzas, se amplían
las fuentes de "ingresos extra" de sus integrantes, hasta que salta
la ficha y empieza la mala racha, hasta que se normalicen las "relaciones
comerciales" otra vez. Cuando se pasaron de rosca en los negocios en
Córdoba saltó el escándalo y se convirtió en una crisis política y judicial. Se
bloquearon los negocios extras de los que se obtenía el “plusvalor” de las
distintas escalas de la fuerza, e inmediatamente saltó el reclamo “salarial”.
Si me prohíben hacer el negocio, entonces ¡aumento ya!
Pero más allá de estos elementos
"económicos", está la cuestión política. Las policías provinciales se
han transformado en elementos indispensables para mantener la política de
segregación de los jóvenes de las más grandes, populosas y pobres barriadas.
Citamos tres casos que conocemos bastante bien: Córdoba, Neuquén y Bariloche,
donde la policía actúa como un permanente retén que "devuelve" los
pibes al barrio, cada vez que se acercan al centro, mientras en los barrios,
tiene "licencia para matar" (la reciente condena al policía Claudio
Salas en el caso de Brian Hernández en Neuquén constituye un límite a este accionar, que
se consiguió con lucha y movilización).
En estos motines, entonces, hay
también una cuestión política, que tiene que ver con esto que decíamos antes y
que ya ocurrió con la protesta de prefectos y gendarmes. Si los gobiernos les
dan "plenos poderes" en el subsuelo de los barrios, los represores
consideran que eso debe ser igualmente reconocido en la superficie de la
política. En algunos casos, según el nivel de descomposición, los policías
reclaman algún tipo de "prestigio social" y en otros solamente ser
reconocidos como un gran "grupo de presión". Pero el sentido del
"reclamo" es el mismo.
Este problema, que en el lenguaje
del "progresismo" se denomina como "de la subordinación de las
policías al poder político", se torna estratégicamente un punto de fuga
muy importante del régimen político. Básicamente porque la tropa
"propia" del Estado no es un cuerpo armado orgulloso de su cohesión
y rol social, sino una banda de lúmpenes que primero exige la plata y después
sale a reprimir, igual que los antiguos condottieri,
es decir como un ejército mercenario.
Y en este punto, la
"policialización" de la Gendarmería operada por el kirchnerismo, no
resolvió para nada el problema desde el punto de vista burgués. Pensada como
una Guardia Nacional, que va a reprimir ahí donde hace falta cuando la policía
ya fue superada por los manifestantes, la Gendarmería puede reemplazar (o complementar)
a la bonaerense o la Federal en algunos barrios, pero no puede hacer lo mismo
con todas las policías provinciales. Si una situación como la de Córdoba se diera
en tres o cuatro provincias simultáneamente, simplemente el Estado no tendría
forma de hacerle frente...
.... salvo oponiendo a los "vecinos"
(trabajadores y de "clase media") contra los "negros".
Y ahí empieza el problema de
estrategia obrera clave que tenemos que pensar a partir de estos hechos. La
relación de fuerzas general le pone límites a los motines y la “forma” expresa en
algunos casos (como en su momento las protestas de gendarmes y prefectos), el
“homenaje” (entre muchas comillas) al movimiento obrero. Se expresan más como “vandorismo
policial” que como “Navarrazo” (aunque la evolución de una cosa a otra puede tener
límites difusos, sobre todo si la corporación tiene a su disposición los
fierros).
Estos límites hacen que a pesar del “resultado” de estos motines que generan una “coyuntura reaccionaria” porque fortalecen a la policía y enfrentan a los trabajadores con los “saqueadores”, puedan surgir contratendencias como la de los estatales cordobeses que aprovecharon para reclamar después de que De La Sota arregló con la policía.
Estos límites hacen que a pesar del “resultado” de estos motines que generan una “coyuntura reaccionaria” porque fortalecen a la policía y enfrentan a los trabajadores con los “saqueadores”, puedan surgir contratendencias como la de los estatales cordobeses que aprovecharon para reclamar después de que De La Sota arregló con la policía.
Pero, más allá de que es complemente legítimo que las organizaciones sindicales aprovechen el debilitamiento del gobernador para salir a hacer sus reclamos, precisamente ese rol “sindicalista”
del movimiento obrero es el que no permite que juegue un rol “hegemónico”, es
decir que se proponga dirigir al pueblo, como planteábamos acá.
Los organizaciones obreras
reclamando sectorialmente en medio de una terrible crisis social no pueden dar
una salida al conjunto del pueblo. Las "fuerzas elementales" del
"barrio", sin una orientación clara tampoco pueden hacerlo y mucho
menos ganarse a los sectores medios "progres", cuyo progresismo
disminuye considerablemente ante situaciones como los saqueos.
En este sentido, cuando tomamos el ejemplo que
en pequeña escala marcaron la vanguardia y los sindicatos neuquinos al parar en
repudio al asesinato de Willy Gutiérrez, estamos planteado que sin la
intervención de la clase trabajadora con sus métodos y con una política
tendiente a soldar la unidad obrero-popular, la "crisis" de la
autoridad estatal se resuelve con un reforzamiento de las tendencias
reaccionarias.
En la izquierda se abren dos alternativas. Una, que considera trabajadores a los policías y ve con buenos ojos su "sindicalización" (desconociendo que crear sindicatos de policías sería generar una nueva estructura al servicio de los poderes mafiosos) y otra, más fiel al programa del Frente de Izquierda: la que sostiene que frente a la descomposición del aparato represivo y la crisis del Estado, los trabajadores deben soldar una alianza con los pobres de las grandes barriadas, traccionando a un sector de las "clases medias", para vencer a los capitalistas y su estado.
Fernando Rosso/Juan Dal Maso
